Estudio de caso LATAM 2024

LATAM case study 2024

A case study conducted by Karisma Foundation collects and identifies the main barriers to the deployment of infrastructure in the region, and builds a base of recommendations to be taken into account in governance spaces, to initiate a roadmap focused on the still unconnected populations in Latin America and the Caribbean to begin the path to access sufficient, secure, transparent, and equitable connectivity.

Un caso de estudio realizado por la Fundación Karisma que pretende recoger e identificar las principales barreras del despliegue de infraestructura en la región, así como levantar una base de recomendaciones que sean tenidas en cuenta en los espacios de gobernanza, para iniciar una hoja de ruta centrada en que las poblaciones aún no conectadas en América Latina y el Caribe inicien el camino para acceder a una conectividad suficiente, segura, transparente y equitativa. 

Introducción y metodología 

Desde hace décadas los gobiernos en América Latina y el Caribe han puesto en práctica diversas estrategias e incentivos para desplegar la infraestructura que se requiere para lograr una conectividad universal en la región. Si bien estos esfuerzos, impulsados desde el sector público y privado son loables, las metas fijadas continúan sin lograrse y los macroindicadores continúan demostrando un acceso a conectividad insuficiente y desigual, que va haciendo la brecha digital más y más grande con la llegada de nuevas tecnologías y sistemas emergentes. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2020, el 46% de los hogares en áreas rurales de la región no tenía acceso a internet, en contraste con el 21% en áreas urbanas. Además, la velocidad promedio de conexión en América Latina es significativamente menor en comparación con países desarrollados, lo que limita el uso efectivo de tecnologías avanzadas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020). 

Acuñando la idea de que la falta de conectividad de calidad es en la actualidad un obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos y que la brecha digital exacerba las desigualdades ya existentes en la la región (Vaca Trigo & Valenzuela, 2022) es preciso reconocer que alcanzar una conectividad universal requiere de un enfoque multisectorial y participativo que garantice soluciones efectivas y reales en todos los eslabones del proceso, que arranca con el despliegue de infraestructura, y se sostiene por medio de la implementación de estrategias contínuas y paralelas de distribución de dispositivos, diálogo, apropiación y gobernanza, y fortalecimiento de capacidades sobre los usos de la tecnología para la población en su conjunto. 

También es necesario hacer énfasis en que si bien el tema de conectividad en América Latina y el Caribe ha sido una preocupación de hace décadas, y por tanto, hoy se encuentran espacios de discusión regional y multisectorial como es el caso de la Agenda digital para América Latina y el Caribe (eLAC), el Foro de Operadores de Redes de Latinoamérica y el Caribe (LACNOG) o el Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe (LACIGF), realizado por primera vez en 2008, el proceso de digitalización de todos los ámbitos de la sociedad asociados a laemergencia desatada por la pandemia de COVID-19¹, ha acelerado el posicionamiento de nuevas tecnologías de la información en la región, causando impactos significativos en varios escenarios. Ligado a este proceso y a otros esfuerzos que iremos mencionando, se ha ampliado la cobertura de conectividad a lo largo del territorio. Sin embargo, esta conectividad en zonas aisladas y en poblaciones históricamente marginadas continúa siendo deficiente, insegura y desusada. Según un informe del BID (2020), al menos 77 millones de personas que viven en territorios rurales de América Latina y el Caribe carecen de conectividad con estándares mínimos de calidad. 

Así pues, aunque reconocemos que el problema de la conectividad en la región ha sido ampliamente explorado, existen aún preguntas en torno a: ¿Cuáles son las barreras que impiden lograr una conectividad y acceso universal y eficiente en la región y cómo pueden ser abordadas por los diferentes sectores? ¿Cuáles son las barreras que enfrenta la sociedad civil para lograr una discusión efectiva sobre conectividad en diferentes espacios de diálogo y discusión? ¿Las problemáticas de la región son efectivamente conocidas y discutidas en los espacios de gobernanza de internet? ¿Qué nuevos actores podrían participar de espacios de gobernanza de internet para acelerar o mejorar el despliegue de infraestructura de conectividad?  

Para dar respuesta a estas y las demás preguntas secundarias que surgen en el proceso de análisis del panorama de conectividad actual en la región, Karisma lidera el desarrollo de un caso de estudio en el marco del Proyecto CADE, una iniciativa cuyo objetivo fundamental es lograr aumentar la participación de Organizaciones de Sociedad Civil en los espacios de gobernanza de internet, así como incrementar la capacidad de la Sociedad civil del sur global, en las discusiones y espacios en los que se habla de internet a nivel mundial, con el fin de trabajar de manera conjunta y poner de presente en estos espacios las problemáticas encontradas e identificadas en la Región en América Latina. Así las cosas, el propósito de este documento es recolectar y analizar las principales recomendaciones y dificultades para el despliegue de infraestructura de conectividad a internet en poblaciones aisladas de América Latina, así como recomendaciones para lograr que la infraestructura actual sirva como medio para lograr una conectividad más equitativa, segura y eficiente y lograr incluir estos temas en los espacios de gobernanza de internet y entender como se ven estas brechas en otros lugares alrededor del mundo.  En el análisis se incluye una revisión bibliográfica y regulatoria que permite enmarcar las discusiones actuales que se adelantan en la región y la realización, sistematización y análisis de 16 entrevistas² a personas expertas de México, el sector de telecomunicaciones desde diferentes roles y niveles de influencia. Para efectos del análisis se mantendrá el anonimato de quienes acudieron a las entrevistas y espacios de diálogo³. Además, el caso incluye un análisis descriptivo y comparativo entre varios programas destacados en la región que se especificarán en el apartado de casos relevantes.

Con base en los datos recolectados en el proceso, se ha identificado y determinado que en la región existen cuatro grandes barreras u obstáculos que impiden lograr una conectividad y acceso total y efectivo: 1) barreras físicas, asociadas a las condiciones topográficas y a la geografía misma de la región; 2) barreras estructurales, referentes a las desigualdades ya existentes por cuestiones de género, raza, clase y/o etnia, y a la lógica de mercado que se ha desarrollado en la región, que ha favorecido un proceso de conectividad más eficiente en los centros urbanos que en las periferias y zonas rurales; 3) barreras prácticas, entendidas como aquellos obstáculos regulatorios o de acceso a dispositivos y tecnología para lograr una conectividad bajo los estándares mínimos de calidad; y, 4) barreras humanas, asociadas a la apropiación (o no) de las alternativas de conectividad disponibles y emergentes. 

Asimismo, con el objetivo de sintetizar y reconstruir el amplio panorama de actores que interactúan en el ecosistema digital en la región y que constituyen roles importantes dentro del entorno de conectividad y uso de internet, se construyó, basados en la información recopilada con representantes del sector público y privado, un mapeo de actores que incluye diferentes agentes con múltiples niveles de influencia. En este ejercicio se consolidaron, sobre todo, los grupos de actores que tienen lugar en varios países, si no en todos los países de la región y adicional se destacan algunos actores que cobran sentido por su influencia dentro de los países o en proyectos/programas concretos.

1. Conectividad y otros conceptos transversales 

Abordar temas asociados al despliegue de infraestructura para conectividad y acceso a internet tiene varios limitantes asociados, por un lado, al conocimiento técnico sobre los mecanismos, materiales y tecnologías necesarias para llevar conectividad a regiones aisladas, y por el otro, el no reconocimiento de la conectividad de calidad como un derecho habilitante en la sociedad actual (CEPAL, 2020). Con base en esto, y reconociendo que en América Latina hay un avance importante en el despliegue de infraestructura para la conectividad, así como una importante brecha que cerrar para que dicha conectividad se traduzca en acceso libre, seguro y eficiente a internet, es relevante realizar una aclaración de conceptos.

El término conectividad, en el sentido más estricto, hace referencia a la posibilidad de conectar un punto con otro dentro de un mismo sistema o de generar conexiones efectivas (RAE, s. f., ed. del Tricentenario). Siguiendo esta definición, se podría presumir que las condiciones materiales que se han instalado en América Latina y el Caribe en la última década arrojan indicadores favorables sobre conectividad. Según la GSMA (2023), la conectividad en la región tuvo un crecimiento significativo en la última década. Según datos de la organización, entre 2014 y 2021 “el número de usuarios/as de internet móvil prácticamente se duplicó, pasando de 220 millones a casi 400 millones” (p. 8). Aún así, el incremento de la infraestructura que ha permitido que más personas en la región tengan acceso a internet, no habla de la calidad de este acceso, ni mucho menos de la brecha digital consecuente del avanzado ritmo al que marcha la tecnología en centros urbanos y de poder, recordando que para 2022, como resultado de múltiples estrategias y colaboraciones sectoriales, la penetración de internet en hogares de mayores ingresos casi duplicaba a la de los hogares de menores ingresos en algunos países (CEPAL, 2022). Asimismo, en estas cifras no figuran las demás brechas que emergen en la región como las brechas de género, las brechas geográficas y la apropiación poco acompañadas de las tecnologías. 

De esta forma, la conectividad comienza a complejizarse, dejando de ser un proceso en el que un punto tiene conexión con otro, para pasar a ser un proceso en el que interactúan múltiples actores y que se enmarca en una discusión social, política y de derechos humanos bastante amplia. En este sentido, es importante hacer hincapié en que conectividad y acceso a conectividad de calidad tienen dos sentidos: 1) el sentido material, que alude al despliegue de cableado, satélites artificiales, fibra óptica o antenas; y 2) el sentido político y social, que se refiere a todas las habilidades, conocimiento, apropiación, capacitaciones y capacidades asociadas a una conectividad (o no) segura y de calidad en un contexto en el que cada vez es más difícil un mundo sin este recurso y/o servicio. 

“Necesitamos que la gente no solamente esté conectada y obtenga cobertura, sino que la pueda usar, que efectivamente sea un lugar en el que pueda acceder a mayor información, que pueda profundizar el ejercicio de sus derechos fundamentales. Entonces, solamente tirar la infraestructura no sirve. Necesitás cómo ir haciendo un acompañamiento, sobre todo en estos casos (en zonas aisladas y desconectadas), que son bastante distintos al caso de los conglomerados urbanos, en el cual es un tema socioeconómico”. 

De igual forma, es importante reconocer que en términos técnicos la conectividad tiene muchísimas caras. Particularmente en la región se manifiesta por medio de distintos mecanismos o tecnologías, entre las que se destacan (o se han destacado) las presentadas en la siguiente tabla:

TIPOS DE CONEXIÓN	DEFINICIÓN TÉCNICA	VENTAJAS	DESVENTAJAS	FORMAS DE USO
Acceso Telefónico (Dial-Up)	Conexión a internet a través de la línea telefónica tradicional, marcando un número.	Económico (antiguamente), fácil de configurar.	Velocidades extremadamente bajas, interferencias, requiere línea telefónica dedicada.	Obsoleto
ADSL	Utiliza las líneas telefónicas para ofrecer velocidades mayores que el dial-up, empleando tecnología digital.	Mayor velocidad que dial-up, uso simultáneo de teléfono.	Menor velocidad dependiendo de la distancia a la central telefónica.	Zonas con infraestructura ADSL, para usuarios/as con necesidades básicas.
Cablemódem	Conexión a internet a través de la red de televisión por cable.	Altas velocidades para descargas, ampliamente disponible.	Velocidad reducida cuando hay más usuarios/as en la red por reuso de otros usuarios/as en la mismared.	Hogares y pequeñas empresas que requieren velocidades moderadas a altas.
Red de Telefonía Móvil (3G, 4G, 5G)	Acceso a internet a través de redes móviles, utilizando ondas de radio.	Portabilidad, cobertura amplia, velocidades cada vez mayores.	Costo de datos, velocidad variable según la cobertura.	Dispositivos móviles, acceso a internet en movimiento.
Inalámbrico (Wi-Fi)	Conexión a internet sin cables, utilizando ondas de radio.	Flexibilidad, fácil configuración.	Alcance limitado, interferencias, seguridad puede ser un problema.	Redes domésticas, lugares públicos con Wi-Fi gratuito.
Satelital	Conexión a internet a través de satélites en órbita.	Cobertura global, ideal para zonas rurales.	Mayor latencia a la prestación cableada (retrasos), costos elevados, temas geográficos y climáticos	Zonas remotas sin otras opciones.
Fibra Óptica	Conexión a internet utilizando cables de fibra óptica para transmitir datos a la velocidad de la luz.	Altas velocidades, estabilidad, gran capacidad.	Costo de instalación elevado, requiere infraestructura específica que no está en todos los territorios.	Hogares y empresas que requieren velocidades muy altas y estables.
Línea Eléctrica (PLC)	Conexión a internet utilizando la red eléctrica existente.	Utiliza la infraestructura eléctrica existente.	Velocidades bajas, interferencias, alcance limitado, inestabilidad.	Uso limitado, como alternativaen áreas sin otras opciones.

Tabla 1. Tipos de conectividad vigentes en la región. Realización propia⁴.

En los países de la región la llegada de tecnología se ha dado de manera discontinua y segmentada según las estrategias de los gobiernos y/o las de inversión por parte de actores privados. No obstante, las tecnologías que más se utilizan actualmente son el cablemódem, el internet móvil y la fibra óptica, salvo por algunos países como Bolivia y Paraguay⁵ en los que la línea eléctrica y el acceso telefónico continúan predominando⁶. Al respecto de la fibra óptica, se destaca que los gobiernos han hecho una inversión importante en los últimos 15 años con el objetivo de desplegar la infraestructura necesaria para que los privados puedan iniciar la prestación del servicio, aumentando así la cobertura a nivel nacional y regional. 

Particularmente, para los países consultados⁷, la fibra óptica y la telefonía móvil hoy suplen gran parte de las necesidades básicas de conectividad en cascos urbanos y rurales, aunque los satélites de órbita y el uso de la línea eléctrica predominan en el ecosistema para brindar el servicio en zonas aisladas, donde de manera formal o no, los actores locales han encontrado mecanismos para “colgarse” o acceder a la red disponible. Aún así, es importante mencionar que esta conectividad es en la mayoría de casos referente a conectividad móvil, que en muchos casos corresponde a un teléfono móvil compartido para todo el hogar o un dispositivo con el que solo se cuenta por momentos muy limitados. Según la GSMA, “la brecha de conectividad móvil en América Latina afecta directamente a casi 40 millones de ciudadanos que viven en zonas donde no hay disponibilidad de conectividad a servicios de internet móvil” (GSMA, 2023. Pp 9). 

Además de la diferenciación entre los tipos de conectividad en la región y la marcada división entre lo que es telefonía móvil y fija, existen otros conceptos que van a ser importantes a lo largo del caso como son la brecha digital que ya hemos mencionado, referente a la distancia que hay entre los diferentes tipos de acceso y apropiación de la tecnología, las habilidades digitales, enfocadas en explicar las capacidades y conocimiento de los diferentes grupos poblacionales para acceder a la red, y conectividad como derecho habilitante, con el que definimos -y defendemos- que la conectividad es la puerta a otros derechos básicos como salud, educación, trabajo, acceso a la información. 

2. Actores del ecosistema digital en América Latina y el Caribe 

Parece preciso destacar que el ecosistema digital en América Latina y el Caribe es un lugar en el que participan múltiples actores, cada uno con diferentes niveles de agencia e influencia. Por un lado está el Estado como rector de toda norma, regulación y disposición para el despliegue de infraestructura o prestación del servicio de internet, y por otro lado, está el sector privado que se manifiesta por medio de grandes monopolios, empresas subsidiarias u operadores secundarios. También se encuentran en el intermedio organizaciones de la sociedad civil, la sociedad civil organizada, las cooperativas, las asociaciones, las Juntas de Internet/Comunidades de Conectividad⁸ y los usuarios finales o la ciudadanía. Siendo éste último el protagonista de este caso de estudio⁹. Finalmente, aparecen otros actores relevantes como la academia o centros de investigación y otros actores intermitentes y flotantes como son los creadores/as de contenido. 

Imagen 1. Presentación general mapeo de actores del ecosistema digital en América Latina y el Caribe. Realización propia. 

La imagen muestra los grupos en los que se segmentan los diferentes actores que participan en el despliegue de infraestructura en la región, reconociendo que algunos de ellos tienen más relevancia e incidencia dentro del desarrollo de estrategias para conectar zonas aisladas y grupos sociales históricamente marginados. Además, en la definición se reconoce nuevamente a la ciudadanía como un actor clave, entendiendo que el despliegue de infraestructura no acaba solo con la instalación de cables y torres para la activación de redes, si no que esta infraestructura sólo tiene sentido en el momento que se da un uso adecuado, equitativo, seguro y coherente con la realidad social y política de cada territorio. 

Es importante destacar que las particularidades que componen estos grandes grupos de actores varían según el país y tiene una o más representaciones según el detalle con el que se consulten. No obstante el objetivo de este mapeo es presentar una generalidad de los actores involucrados, es preciso diferenciar algunos actores que toman relevancia al menos en los países consultados para el caso de estudio. Es por ello que presentamos esta tabla donde se detallan los diferentes actores que componen los grupos definidos en el marco del análisis.

ECOSISTEMA DIGITAL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PAÍS	TIPO DE ACTOR	DETALLE
México	SECTOR PÚBLICO	Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) Cofetel (Comisión Federal de Telecomunicaciones) Profeco
	PROVEEDORES DE ACCESO	Axtel Networks MCM Telecom Totalplay Empresarial Megacable Empresas
	GRANDES OPERADORES	Telmex Telcel AT&T México Totalplay Izzi Claro México Infinitum Pillofon
	OPERADORES SECUNDARIOS	Asociaciones Emisoras comunitarias Wiki Katat Radio Tosepan Limakxtum
	SOCIEDAD CIVIL	Artículo 19 REDES SocialTIC
	ACTORES FLOTANTES	Colegio de México Universidad Autónoma de México Asociación Mexicana de Radios Comunitarias (AMARC) Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Platzi (Latinoamérica)
	CREADORES DE CONTENIDO	Luisito Comunica Yuya Werevertumorro Kenia Os los40.com El Universal Reforma Excélsior Milenio W Radio Los 40 Principales los40.com Radio Fórmula

		La Z 107.3 FM Televisa TV Azteca es.wikipedia.org Imagen Televisión Canal Once YouTube Netflix Amazon Prime Video
	INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	Nubity Cisco México Kio Networks Accenture México Deloitte México Alestra Oracle Salesforce
	PROVEEDORES DE ACCESO GLOBALES/REGIONALES	Alcatel Submarine Networks (ASN) Orange Marine ACSM (Advanced Crew and Ship Management) Meta GlobeNet Seaborn Networks Telmex
	ACTORES INTERNACIONALES	OIT Meta Comunidad del Caribe (CARICOM) Asociación Caribeña de Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones (CANTO) Alianza del Pacífico – Grupo de Agenda Digital (GAD) El Grupo de Operadores de red del Caribe (CaribNOG) CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) La Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA) Unión Caribeña para las Telecomunicaciones (CTU) Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) Alianza para el Internet Asequible (A4AI) Internet Society
Argentina	SECTOR PÚBLICO	Ministerio de Economía ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) ARSAT (Empresa Argentina de Satélites)

	PROVEEDORES DE ACCESO	ICS Red Convergia Telecom Argentina Movistar
	GRANDES OPERADORES	Telefónica Movistar Telecom Personal Claro
	OPERADORES SECUNDARIOS	Comunidades de internet Cooperativas comunitarias (Soldati conectada) Operadores comunitarios
	SOCIEDAD CIVIL	Women In Tech Isoc Argentina Cámara Argentina de Internet (CABASE) AlterMundi Asuntos del Sur Atalaya Derechos Digitales (con presencia regional) Red de Innovación Local
	ACTORES FLOTANTES	FLACSO Instituto de Tecnología ORT Platzi (Latinoamérica) Digital House
	CREADORES DE CONTENIDO	Infobae La Nación Digital Clarín Digital La Nación Página/12 Perfil Radio Mitre La 100 (FM 99.9) Radio 10 Continental El Trece Telefe América TV Canal 9 Canal Trece Digital Telefe Noticias Santi Maratea Marian Farjat Cande Copello Ca7riel y Paco Amoroso Duki Yami Safdie Gonzalo Sans Clarín YouTube

		Netflix Spotify Disney+
	INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	Nubity Instituto ORT Cisco Argentina Deloitte Argentina Accenture Argentina Telecom Argentina
	PROVEEDORES DE ACCESO GLOBALES/REGIONALES	Alcatel Submarine Networks (ASN) Orange Marine ACSM (Advanced Crew and Ship Management) Meta GlobeNet Seaborn Networks Level 3 Argentina (ahora Lumen Technologies)
	ACTORES INTERNACIONALES	OIT Meta Comunidad del Caribe (CARICOM) Asociación Caribeña de Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones (CANTO) Alianza del Pacífico – Grupo de Agenda Digital (GAD) El Grupo de Operadores de red del Caribe (CaribNOG) CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) La Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA) Unión Caribeña para las Telecomunicaciones (CTU) Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) Alianza para el Internet Asequible (A4AI) Internet Society
Colombia	SECTOR PÚBLICO	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones) Agencia Nacional del Espectro (ANE) Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) Secretarías de Planeación local- Alcaldías Municipales Aeronáutica Civil Centro de Innovación Pública Digital
	PROVEEDORES DE ACCESO	Ufinet Internexa Claro Empresas ETB TV Azteca

	GRANDES OPERADORES (ISP)	Claro Movistar ETB Tigo Virgin Mobile WOM Todos los OMV (Operadores Móviles Virtuales) ANDESCO Asomovil CCIT
	OPERADORES SECUNDARIOS	Cooperativas comunitarias Juntas de Internet Comunidades de Conectividad
	SOCIEDAD CIVIL	Más X Tic Colnodo Derechos Digitales (con presencia regional) Fundación Karisma Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CINTEL) Enjambre Digital Fundación Karisma
	ACTORES FLOTANTES	Universidad de los Andes ANDICOM Universidad Externado de Colombia Platzi (Latinoamérica) SENA
	CREADORES DE CONTENIDO	El Tiempo El Espectador El Colombiano El Heraldo Caracol Radio RCN Radio Tropicana Bogotá Blu Radio Caracol Televisión RCN Televisión Canal 1 Señal Colombia Andrea Valdiri Felipe Saruma El Mindo (Armando Ortiz) Ami Rodríguez Julioprofe (Julio Alberto Ríos) Pirry (Guillermo Prieto) Daniel Samper Ospina Yeferson Cossio Epa Colombia (Daneidy Barrera) Faber Burgos Juanpis González (Alejandro Riaño) YouTube

		Netflix Amazon Prime Video Disney+ Claro Video HBO Max Spotify Apple Music Deezer Tidal
	INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	Kiwibo Cisco Colombia Accenture Colombia Deloitte Colombia InterNexa Oracle Colombia
	PROVEEDORES DE ACCESO GLOBALES/REGIONALES	Alcatel Submarine Networks (ASN) Orange Marine ACSM (Advanced Crew and Ship Management) Meta GlobeNet Seaborn Networks
	ACTORES INTERNACIONALES	OIT Meta Comunidad del Caribe (CARICOM) Asociación Caribeña de Organizaciones Nacionales de Telecomunicaciones (CANTO) Alianza del Pacífico – Grupo de Agenda Digital (GAD) El Grupo de Operadores de red del Caribe (CaribNOG) CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) La Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA) Unión Caribeña para las Telecomunicaciones (CTU) Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) Alianza para el Internet Asequible (A4AI) Internet Society

Tabla 2. Listado de actores por grupo definido. Realización propia. 

Un primer análisis sobre el mapeo de actores permite evidenciar en la región un despliegue de carácter monopólico de los grandes operadores de servicios de conectividad móvil y fija. Por ejemplo, en septiembre de 2024, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México multó a Telcel, parte del conglomerado América Móvil de Carlos Slim, con 90,6 millones de pesos por prácticas monopólicas. Según el IFT, Telcel ofreció descuentos y beneficios a distribuidores a cambio de que no comercializaran productos de competidores en Michoacán, Colima y Jalisco, restringiendo así las opciones de los consumidores (El País, 2024). 

Asimismo, en febrero de 2025, el gobierno argentino anunció una investigación bajo la normativa antimonopolio sobre la compra de la filial argentina de Telefónica por parte de Telecom, perteneciente en un 80% al Grupo Clarín y al fondo Fintech. La operación, valorada en 1.245 millones de dólares, podría generar un monopolio, ya que el 70% de las telecomunicaciones quedarían en manos de un solo grupo (El País, 2025). 

De manera directa o indirecta este fenómeno ha afectado la llegada a zonas aisladas, debido a los altos costos de inversión, versus los bajos costos de retorno. Un estudio del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (2024) reveló que el 79,8% de las instituciones educativas rurales carecen de conexión a internet, en contraste con solo el 9,3% en zonas urbanas. Al respecto, es importante destacar que aunque se han hecho esfuerzos para impulsar este despliegue, por medio de disposiciones estatales o políticas de gobierno, como es el caso del subsidio a la última milla en Colombia, la red compartida en México o el modelo de licenciatarios en Argentina, el costo del despliegue en lógica de mercado resulta siendo un importante obstáculo, pues no tiene como objetivo principal alcanzar la conectividad universal, sino lograr un modelo de negocio rentable, lucrativo y útil para el despliegue de los grandes operadores que han abrazado las telecomunicaciones en la región. 

Es por esto que emerge una discusión importante en la región sobre los costos, retornos y la mano del mercado para alcanzar algún día la conectividad universal: algunos opinan que hay una gran cantidad de dinero en el sector, que se materializa en el despliegue, en el uso de la red y en lo cerrado de este mercado en la región,  

que solo se ha dado un manejo ineficiente de los recursos, donde solo unos pocos sacan réditos y utilidades de la inversión, lo cual se presenta una conveniencia comercial y sin pensar realmente en las necesidades de todas las comunidades de la región y otros por el contrario consideran que el sector de las telecomunicaciones representa cargas de inversión muy altas que no necesariamente se da un retorno de la inversión en un corto o mediano plazo y por ende es necesario buscar la forma de que la inversión represente un negocio real para quienes confían en el sector TIC como motor de la economía y como un negocio rentable de prestación de servicios  “…el sector de telecomunicaciones no es tan rico como la gente cree. La gente piensa que esa gente está nadando en plata y no está nadando en plata, es una cosa de márgenes muy pequeños. En este momento el modelo regulatorio no está funcionando tan bien y eso encarece la tarifa y también el despliegue de fibra y el despliegue de infraestructura. En ese término es un riesgo para las empresas invertir en un despliegue de infraestructura muy costoso que al final no se va a recuperar tan rápido si no encuentran usuarios finales “capaces” de pagar. Ahí es

cuando aparecen las cláusulas de permanencia y otros esquemas que suman responsabilidades a los clientes o usuarios finales” . 

Adicionalmente, es imperativo reconocer que lograr dicha conectividad, trasciende las lógicas del mercado y la gestión pública, pues en el camino aparecen barreras en diferentes niveles y sectores. Barreras geográficas y físicas, barreras ligadas a las dicotomías y desigualdades estructurales en las que se inscribe lo rural-urbano, las cuestiones de género, las desigualdades atadas a cuestiones de raza, etnia, grupo etario, así como barreras prácticas y de apropiación social/humana.

3. Barreras acceso a conectividad en América Latina y el Caribe 

Según los datos recolectados y la revisión bibliográfica realizada, se ha determinado que en América Latina y el Caribe existen cuatro grandes barreras para lograr la conectividad y acceso universal, seguro y eficiente a internet. Como se mencionó antes, estas barreras se dividen en: barreras físicas, estructurales, prácticas y humanas. 

Esta definición se alinea con los datos recolectados para el caso de estudio adelantado por la Fundación Karisma, así como con estudios previos que han identificado barreras en estas cuatro líneas, como es el caso del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que explica que la región enfrenta desafíos en diferentes dimensiones, entre las que se destacan: las condiciones geográficas y topográficas, los capitales económicos detrás de la instalación para la conectividad, la falta de políticas públicas de regulación y estandarización de las tarifas y costos de servicio, la “falta de alfabetización digital” en algunas zonas históricamente desconectadas (IICA, 2023). 

Sumado a lo anterior, se hace necesario reconocer que estas barreras retratan desigualdades existentes en la región, donde los grupos sociales histórica y estructuralmente marginados son los más afectados, o para efectos del estudio, los que menos acceso tienen a una conectividad equitativa, segura y de calidad.

Barreras físicas 

Las barreras físicas hacen referencia a aquellos impedimentos asociados a la topografía del territorio y las condiciones geográficas y/o climáticas particulares para cada uno de los países, que hace que sea muy complejo o muy costoso en términos materiales y/o ingenieriles desplegar la infraestructura necesaria. Dentro de este obstáculo, se pueden identificar dos grandes raíces del problema: las condiciones del terreno (montañoso, selvático, húmedo) que a veces lo hacen impenetrable, o,

las largas distancias que hay que recorrer entre un punto y otro (esto particularmente para el caso de países con grandes extensiones de tierra como México, Brasil o Argentina). Según la CEPAL (2022), “la orografía compleja y la dispersión poblacional hacen que los costos de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones sean hasta un 50% más altos en zonas rurales en comparación con áreas urbanas”. Esto sin mencionar los bajos índices de retorno asociados a los las largas distancias que hay que recorrer entre un punto y otro (esto particularmente para el caso de países con grandes extensiones de tierra como México, Brasil o Argentina). Según la CEPAL (2022), “la orografía compleja y la dispersión poblacional hacen que los costos de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones sean hasta un 50% más altos en zonas rurales en comparación con áreas urbanas”. Esto sin mencionar los bajos índices de retorno asociados a los altos costos de inversión en infraestructura para conectar zonas aisladas. 

Es importante destacar que estas barreras físicas además de responder a unas características propias de la región y a la diversidad dentro de ella, alimentan o reproducen un aislamiento sistemático de ciertas zonas dentro de cada uno de los países que históricamente han estado desconectadas de los centros económicos, administrativos o de poder. Tal es el caso de Colombia, que presenta un alto índice de conectividad en zonas urbanas, pero en puntos donde el conflicto armado ha sido una constante, como es el caso de los departamentos del Atlántico, Amazonas, Bolívar, Boyacá, Cauca, Caquetá, Chocó, Córdoba, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte De Santander, Putumayo, Santander, Sucre, Vaupés, Vichada, donde todavía hay uno o más municipios en los que ninguna vivienda tiene acceso a internet¹⁰. Esto constituye una barrera tanto geográfica, como sociopolítica, que es más marcada y más incidente en países con altos niveles de violencia, como el caso colombiano, el caso de Brasil en algunas regiones o de países de Centroamérica como El Salvador y Honduras.  

Barreras estructurales 

Las barreras estructurales hacen referencia a todo lo que retrata la composición misma de los paradigmas que se han consolidado y se reproducen en América Latina y el Caribe en materia de desarrollo, mercado, política y derechos humanos. Estas barreras son altamente determinantes, pues retratan el avance y los retrocesos que el sector de las tecnologías de la información, y todos los demás sectores, presentan en la región, que reproducen lógicas de desigualdad, segregación y discriminación desde la estructura misma del Estado, la política y la distribución económica. 

En este sentido, debemos reconocer que al igual que pasa con otros recursos, la distribución en términos de conectividad es profundamente desigual y altamente controlada por el mercado internacional y la inversión privada. Y es por esto mismo que la conectividad hoy día se concentra en las zonas urbanas con mayor capacidad económica, donde también se presta un servicio de mejor calidad. Según la UIT, “en los países en desarrollo, la brecha de conectividad entre áreas urbanas y rurales es persistente, con más del 80% de la población urbana teniendo acceso a internet, mientras que en las zonas rurales la cifra baja a menos del 30%. Esta disparidad se debe principalmente a la falta de infraestructura y al predominio de la inversión privada, que se concentra en zonas urbanas más rentables económicamente” (UIT, 2020). 

Lo siguiente a destacar sobre las barreras estructurales, que tal vez constituye uno de los obstáculos más grandes para el despliegue suficiente y total de infraestructura, es el paradigma desde el cual el gobierno, el sector privado y la ciudadanía perciben el acceso a internet como un servicio y no como un derecho que abre las puertas a otros derechos (derecho habilitante), en el contexto actual. El imaginario de que la conectividad de calidad es un “plus” en la vida y no un derecho al que todas las personas deben tener acceso ha retrasado el avance por parte de los gobiernos y ha dejado las puertas abiertas a los monopolios y la “regulación autónoma del mercado”, como lo llaman algunas de las personas consultadas para el estudio. 

Al respecto de esto, en varios países de la región emergen escenarios donde los monopolios para el despliegue de infraestructura y conectividad son la regla, especialmente en zonas aisladas. Según una de las fuentes consultadas por Fundación Karisma el lío más grande está en la figura de los proveedores de última milla¹¹“para que un proveedor pueda llegar a Quibdó, por ejemplo, se necesita un proveedor de última milla. A las regiones llega generalmente 1 solo proveedor, lo que genera un monopolio y una dificultad importante en la prestación del servicio, debido a las dificultades en los “modos de transmisión” de internet, que en la mayoría de casos no son suficientes para cubrir las necesidades reales en los territorios y sus poblaciones”. Esto debido en gran parte, a que la figura de un proveedor de servicios dialoga muy poco con la figura del internet como un servicio básico y habilitante para acceder a otros servicios. 

En el intermedio de este paradigma bajo el cual se ha desarrollado el ecosistema de conectividad en la región aparecen algunas acciones que han permitido impulsar el despliegue de infraestructura pese a las preocupaciones de las empresas inversoras. Algunas de ellas pueden ser las Obligaciones de Hacer en Colombia, la adjudicación amplia de licencias para operadores de internet en Argentina, el uso de la red compartida en México o el programa de Internet para todos en Perú. Cada uno de estos programas o disposiciones impulsadas desde los gobiernos busca incentivar que las compañías amplíen su cobertura a zonas rurales o histórica y geográficamente aisladas de los centros urbanos y de desarrollo económico. Aún así, estas acciones, que han ampliado la cobertura de conectividad, presentan importantes retos al momento de prestar un servicio de la misma calidad en todas partes, dejando como resultado que las zonas rurales y los puntos especialmente aislados tengan una conectividad muy deficiente y desligada de la realidad y capacidad tecnológica de las comunidades y/o habitantes en estas regiones, que en algunos casos además del aislamiento geográfico y estructural comparten otras categorías sociales de etnia o género.  

Ahora, en espacios urbanos donde sí hay infraestructura y capacidad para prestar un servicio de calidad, la posibilidad de comprar y acceder a los paquetes de servicio están ligados directamente al nivel de ingresos de las familias, dejando como resultado que los hogares con menores ingresos tienen un acceso deficiente, discontinuo y precario. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021), en 2020, el acceso y uso de internet en México estuvieron significativamente influenciados por el estrato socioeconómico y el tamaño de las localidades, afectando especialmente a las personas en estratos socioeconómicos más bajos y en localidades más pequeñas. 

Adicional a esto, emergen otras preocupaciones y barreras asociadas a la historia de desigualdad estructural en la región para algunas comunidades que no están vinculadas directamente con códigos sociales asociados al uso de tecnología, como es el caso de algunas comunidades indígenas, raizales o rurales que: 1) no hablan español, 2) no hacen uso de la tecnología en su vida cotidiana, o 3) no tienen acceso a otros recursos básicos necesarios para garantizar conectividad como el servicio de energía. 

Así pues, es importante destacar que si bien se han adelantado compromisos importantes es espacios de diálogo regional como es el caso del Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe (LACIGF) y el Foro de Operadores de Redes de Latinoamérica y el Caribe (LACNOG), donde los países han asumido compromisos para facilitar el diálogo sobre la gobernanza de internet en la región e impulsar la diversidad en la participación, la conectividad aún está muy ligada a las dinámicas del mercado de telecomunicaciones, dejando a su paso tarifas imposibles de pagar para un sector de la población o servicios precarios que suplen de manera muy básica algunas demandas dentro de las comunidades aisladas, donde los celulares o el internet sirven escasamente para comunicarse en casos específicos o de emergencia. 

Al respecto de esto, a nivel regional se han desarrollado iniciativas que buscan lidiar con dichas barreras de costos, monopolios y desigualdades ya existentes y continuas. Una de ellas, es el caso de Internet para Todos Perú (IpT), en el que varias empresas se unieron para activar redes de fibra óptica y satelital compartida, y así llevar internet a zonas históricamente no conectadas. Este caso, además de conectar cientos de hogares y personas, ha transformado la forma en la que se usan las redes de conectividad, dando posibilidad a alternativas que permiten aliviar los altos costos de operación, así como las barreras geográficas/físicas. 

Barreras prácticas 

Por otro lado encontramos algunas barreras que directamente se vinculan con dificultades para alcanzar una conectividad suficiente y universal de calidad en la región que están vinculadas más al uso mismo de la tecnología y la posibilidad (o no) de llevar a la práctica políticas y programas que permiten ampliar dicha cobertura. 

Lo primero que hay que mencionar en este apartado, es que desde hace ya varias décadas los programas, políticas, incentivos y estrategias que se han adelantado en la región presentan altos niveles de discontinuidad ligados a cambios de gobierno, dificultades de financiación o trámites burocráticos difíciles y atropellados. Asimismo, algunos de los programas no se encuentran alineados con otras estrategias de gobierno que podrían ampliar su alcance e impacto, como es el caso de las estrategias educativas en Brasil, donde el acceso a tecnologías digitales no ha sido coordinado adecuadamente con los planes nacionales de educación, lo que limita el impacto de la conectividad en el ámbito escolar e incrementa la brecha entre el sistema público de educación y el sistema privado (Almeida, Fernandes Junior, & Goi, 2019). Asimismo, en Colombia, el desarrollo rural y agrícola no ha estado alineado con los programas de conectividad, desaprovechando el potencial de las tecnologías para mejorar la productividad y las condiciones de vida en áreas rurales, al mismo tiempo que se frena la migración rural a las ciudades (IICA, 2021). 

Por otro lado, hay una marcada incoherencia entre la tecnología que llega a los lugares y la que se usa realmente en el territorio. Por ejemplo, posterior a la pandemia de COVID-19, los gobiernos de la región, especialmente en los países con altos niveles de conectividad como Chile, Brasil, Argentina y México han apostado por desplegar tecnologías 5G para conectividad móvil en todo el territorio nacional. Sin embargo, en muchas de las regiones donde estos planes se han puesto en marcha, los hogares no cuentan con dispositivos capaces de conectarse a estas redes, por tanto, terminan siendo redes desusadas o tomadas por terceros de manera ilegal¹².

Asimismo, se ha identificado que hay una disposición de los gobiernos y el sector privado de ofrecer espacios de fortalecimiento de capacidades para mejorar el uso de la tecnología en entornos urbanos y rurales, en los que se invita a participar a la ciudadanía en general. Aún así, algunos de estos espacios son espacios que se ofrecen de manera virtual que le exigen a quienes quieren participar un nivel mínimo de conocimiento para acceder a plataformas, registrarse, administrar permisos, entre otros aspectos. Asimismo, estos espacios suelen ser capacitaciones esporádicas y no programas de acompañamiento constantes y disponibles para todos y todas, y por eso, resultan siendo espacios ocupados por las personas ya vinculadas a las tecnologías de la información, convirtiéndose en espacios poco vinculantes y efectivos. Por ejemplo, según el Centro Nacional de Consultoría en Colombia, en su informe de apropiación digital solo el 16% de personas en el país tienen un nivel avanzado de conocimiento para el uso de tecnología, comparado con el 40% que se vincula con el conocimiento básico, que solo usa internet para comunicación y entretenimiento básico por medio de conectividad móvil momentánea o prepaga (CNC, 2023). 

Barreras humanas 

Como hemos visto, en materia de despliegue de infraestructura básica para conectividad en zonas aisladas en América Latina y el Caribe las barreras se concentran especialmente en las posibilidades físicas y prácticas para implementar sistemas de conectividad o tecnología bajo los mínimos estándares de calidad. Sin embargo, el proceso amplio y diverso de lo que implica conectar una población con las tecnologías de la información, las barreras se amplían y se hace necesario hacer un análisis más grande, estructural y social del proceso. En este sentido, es importante destacar el papel de la ciudadanía como eslabón final dentro de la cadena de suministro de servicios de internet o conectividad móvil, un papel que trasciende la categoría de “usuario final” y se mezcla con la necesidad de la ciudadanía de hacer uso de la tecnología para ejercer sus derechos o acceder a ellos, aunque sea de manera parcial. 

Es por esto que es importante destacar que en el intermedio se presentan algunas barreras que varios de los expertos/as entrevistados/as para este caso de estudio han llamado “barreras humanas”. Estas barreras hacen referencia a las constantes y marcadas dificultades para hacer uso o generar procesos de apropiación y gobernanza en las comunidades donde la tecnología se instala o se proyecta instalar. Hacen referencia a todas aquellas barreras que tienen que ver con el uso y el desuso de las tecnologías o alternativas de conectividad. 

Al respecto, es importante destacar que el rápido avance de la tecnología en la región va chocando con la realidad de adquisición, apropiación y capacidad de las comunidades, y por tanto, se dan numerosos casos de no aprovechamiento de la infraestructura desplegada especialmente en zonas aisladas. Asimismo, la falta de competencias digitales¹³ reproducen un uso de la tecnología bastante limitado. A pesar de que el 90% de la región tiene acceso a redes de banda ancha móvil, solo el 33% de la población la utiliza activamente¹⁴. Esto evidencia que existen obstáculos relacionados con la falta de habilidades digitales, la baja disponibilidad de contenido localmente relevante y la percepción de que internet es solo una herramienta de entretenimiento. 

4. Casos relevantes en la región

Pese a las cifras de desconexión y acceso precario que aún permanecen en la región, donde el 25,2% de personas en las áreas urbanas y el 64,2% en las áreas rurales en América Latina no tuvieron acceso a la internet en el hogar en 2022 (CEPAL, 2023), existen algunos casos loables. Algunos de ellos son apoyados desde el sector público, otros desde el sector privado e incluso algunos han sido impulsados por las comunidades o la sociedad civil organizada. A continuación se presentan de manera analítico-descriptiva algunos casos relevantes, sus resultados y vacíos. 

Internet para Todos (Perú) 

Internet para Todos (IpT), impulsado conjuntamente por Telefónica del Perú, Facebook (Meta), BID Invest y CAF tiene el gran objetivo de ampliar la conectividad en el país, llevando internet y los “beneficios del mundo digital” a zonas rurales y urbanas marginadas o con alta complejidad geográfica en Perú. El programa combina el despliegue de infraestructura para conectividad móvil, la colaboración con gobiernos locales y la implementación de programas de alfabetización digital en las zonas de influencia del proyecto. Según las cifras oficiales, el programa ha beneficiado a 2.5 millones¹⁵ de personas y 13.600 comunidades rurales que hoy tienen acceso a internet 4G. Si bien el programa, por medio de alianzas público-privadas y habilitando el despliegue de infraestructura para que varios operadores puedan acceder a la red para brindar el servicio de telefonía e internet móvil a bajo costo, nuevamente abre una ventana de discusión sobre la sostenibilidad del modelo de redes compartidas y las tarifas asociadas a este modelo y la atención deficiente a la brecha digital existente en la región. 

Como hemos dicho, los altos costos del servicio de internet móvil y/o fijo es una barrera para garantizar una conectividad universal, suficiente y segura en la región, y como es de esperarse, el caso de IpT Perú recae en dinámicas en las que brindar un servicio de calidad se traduce en altos costos que las comunidades, familias y habitantes de las localidades donde se ha desplegado la infraestructura no puedan acceder a ellos. Esto, además se traduce en un desinterés permanente de las empresas de llegar a estos puntos, pues al final su presencia no implica siempre rentabilidad. Por otra parte, este programa, como muchos otros en la región abre la discusión ya ampliamente explorada sobre la brecha digital en entornos donde hay múltiples desigualdades estructurales, pues al final la tecnología termina siendo un instrumento que alimenta estas desigualdades, creando una brecha entre quienes tienen posibilidades para pagar el servicio y acceder a él y quienes tienen las capacidad de hacer uso de él de manera suficiente, entendiendo, de nuevo, el acceso a conectividad de calidad como un derecho habilitante. 

Red Compartida (México) 

Igual que el programa anterior y respondiendo a la tendencia regional, el uso de red compartida de México es una iniciativa del gobierno que busca expandir la cobertura de internet móvil en zonas rurales y suburbanas, por medio de un modelo de asociación público-privada. En esta propuestas, a través de una red mayorista compartida, diferentes operadores pueden ofrecer servicios a sus usuarios, lo que promueve la “libre competencia” y reduce costos. Este programa ha logrado aumentar significativamente la cobertura de internet móvil en áreas previamente desatendidas. El objetivo de esta iniciativa era conectar al 92.2% de la población de México para enero del 2024, aunque al momento de escribir este informe el gobierno mexicano no ha dado resultados exactos relacionados con esta meta. 

Si bien en el país la cobertura se ha ampliado significativamente, al igual que la cantidad de usuarios que hacen uso de internet, las fuentes consultadas aseguran que no es posible atribuir esto solo al mecanismo de la red compartida, y como es de esperarse, la red reproduce otras barreras ya existentes en el país y en la región. Para el caso particular de este programa hay dos puntos a destacar: primero, la falsa idea de que el uso compartido de la red de telefonía móvil y energía permite tener precios más justos en un contexto de “libre competencia”; y segundo, que el despliegue por sí mismo es sinónimo de conectividad equitativa y de calidad. Por un lado, expertos y expertas coinciden que en México no existe una “libre competencia” dentro del mercado de las telecomunicaciones, si no que son los grandes monopolios quienes distribuyen y definen los mínimos y máximos de uso y prestación del servicio, y por el otro, coinciden en que la brecha digital en contextos particulares, como localidades de México con un alto porcentaje de comunidades indígenas que no hablan el español, es cada vez más grande. 

Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada” 

Para el caso particular de Argentina, país en el que, según el Registro Nacional de Personas, el 92% de la población vive en áreas urbanas, el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada” ha sido una política que busca expandir y mejorar el acceso a internet de alta velocidad en todo el territorio, con el objetivo final de reducir la marcada brecha digital y promover el desarrollo económico y la inclusión social. Particularmente este plan, que ha logrado ‘saltar’ los cambios de gobierno, casi que constituyéndose como una política de Estado y alcanzando cada vez más regiones con índices de conectividad bajos, brindando, por medio de la fibra óptica una conectividad de calidad, no solo para conectividad móvil, pues su apuesta por el desarrollo económico también impulsa que los operadores presten servicios de conectividad fija que permita a las personas trabajar, estudiar y desarrollar actividades de manera remota. 

Actualmente solo se discute la posibilidad de sostenimiento del plan a largo plazo, dado que requiere una alta inversión y seguimiento, que con la reestructuración política que enfrenta el país en este momento, puede verse afectada. Esta situación sobre la sostenibilidad o no de las iniciativas nuevamente encarna una discusión preexistente en la región sobre planes con muy buenas proyecciones que no tienen suficiente tiempo para ejecutarse o quedan a ‘media marcha’.

Soldati Conectada (Argentina) 

“Soldati Conectada” es un programa de conectividad digital que busca mejorar el acceso a internet en los barrios populares de Villa Soldati, en Buenos Aires, como parte de un esfuerzo mayor de inclusión tecnológica asociado al Plan Nacional de Telecomunicaciones. El programa es impulsado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y ha sido implementado con el apoyo de colectividades y grupos organizados de la sociedad civil dentro de la zona, que incluyen desde organizaciones comunitarias hasta clubes de fútbol de los barrios. “Soldati Conectada”, así como otros proyectos de internet para los barrios, consiste en  instalar puntos de redes comunitarias con wifi gratuito a los que se pueden conectar más de 2.400 usuarios por punto, beneficiando a gran parte de la localidad. 

De manera particular, “Soldati Conectada” se ha convertido en un referente a nivel nacional sobre cómo la conectividad debe instalarse y brindarse de manera focalizada y coherente con la realidad y las necesidades propias de cada territorio. Para esto, la colaboración entre actores institucionales y comunitarios propios de los barrios ha sido determinante. 

Estrategias para la conectividad en el Proyecto Mesoamérica (Regional) 

Este es un plan que reúne un conjunto de estrategias y esfuerzos regionales para impulsar el desarrollo económico y la reducción de desigualdades existentes. En el proyecto participan Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, donde, por medio de diferentes proyectos de conectividad y telecomunicaciones se ha hecho un despliegue de infraestructura que ha ayudado a conectar a los países espacial y digitalmente, por medio de carreteras y tecnología de fibra óptica. Es un proyecto que reúne diferentes actores y sectores del ecosistema, facilitando el diálogo y la cooperación público-privada. No obstante la intención general del proyecto, se ha dificultado su debida implementación y avance por falta de coordinación entre los diferentes gobiernos. Al día de hoy se ha instalado una infraestructura terrestre de banda ancha de 1,800 km que interconecta las capitales de los países mesoamericanos, esto mediante dos líneas de acción: la Autopista Mesoamericana de la Información (AMI) y la Agenda Mesoamericana de Integración de los Servicios de Telecomunicaciones (AMIST). Los esfuerzos entre países han logrado hasta el 65% de financiamiento para el proyecto, con USD $17.3 millones invertidos (Gobierno de México, 2023). No obstante, aún no se presentan resultados oficiales¹⁶.

Programa Nacional de Banda Larga (Brasil) 

El Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) en Brasil fue lanzado en 2010 con el objetivo de expandir el acceso a internet de alta velocidad en todo el país, especialmente en áreas rurales. A través de una combinación de inversión pública y asociaciones con el sector privado, el programa se enfocó en llevar la conectividad a regiones con poca o ninguna cobertura de internet. En sus primeros años, el programa logró aumentar el número de usuarios de banda ancha, beneficiando tanto a las zonas urbanas como rurales. Según los datos oficiales del gobierno, el programa permitió la conexión de 34 millones de brasileños a internet de banda ancha durante su primera fase. También promovió la creación de infraestructuras clave como la Red Nacional de Telecomunicaciones de Banda Ancha, impulsada por la estatal Telebras, la cual desplegó más de 30,000 km de fibra óptica en sus primeros años de implementación. 

Igual que en el caso de México, el PNBL ha favorecido la competencia entre los operadores, ya que varias empresas de telecomunicaciones han colaborado con el gobierno para ampliar la cobertura. Esto, en teoría, ha permitido que más brasileños accedan a planes de internet a precios competitivos, promoviendo la inclusión digital. No obstante, la calidad del servicio sigue siendo una preocupación importante. En muchas de estas regiones, la velocidad de conexión es inferior a la ofrecida en zonas urbanas, lo que limita el acceso a servicios digitales avanzados y acrecienta la brecha digital en el país y la región. Según algunos estudios, la velocidad promedio en áreas rurales puede ser hasta un 40% menor que en las áreas urbanas¹⁷. 

Programa Vive Digital en Colombia 

El programa Vive Digital, impulsado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), lanzado en 2010, buscó cerrar la brecha digital en el país mediante la instalación de Puntos Vive Digital, centros comunitarios equipados con acceso a internet, computadores y herramientas tecnológicas para promover la alfabetización digital. A través de esta estrategia, se logró la implementación de más de 1.000 puntos en municipios y zonas rurales, beneficiando a población que anteriormente no tenían acceso a conectividad. 

No obstante, con el paso del tiempo, el programa ha enfrentado dificultades en su sostenibilidad y continuidad, principalmente debido a la falta de inversión para el mantenimiento de la infraestructura y la actualización tecnológica de los puntos ya establecidos (tema que ha sido recurrente en otros programas similares en Colombia y en la región). Además, las nuevas dinámicas del mercado de telecomunicaciones han puesto en cuestión la viabilidad de estos espacios en un contexto donde el acceso a internet móvil sigue expandiéndose. Para este programa, igual que para otros, el gran reto se asocia con la sostenibilidad del modelo y la incapacidad de mantenerse en un mercado demandante y en constante transformación. 

Programa Ceibal (Uruguay) 

El Programa Ceibal de Uruguay, lanzado en 2007, se centró en brindar acceso universal a tecnologías de la información en las escuelas públicas. A través de la entrega de más de 2 millones de laptops y tablets a estudiantes y maestros, ha logrado una significativa inclusión digital en el sistema educativo, reduciendo la brecha digital, especialmente en zonas rurales. El plan también incluye plataformas educativas interactivas y contenidos digitales para mejorar el aprendizaje en áreas como matemáticas y programación. Uno de los mayores logros de Ceibal ha sido garantizar que más del 80%¹⁸ de la población escolar tenga acceso a estas tecnologías, lo que ha facilitado la alfabetización digital desde una edad temprana. 

Sin embargo, el programa enfrenta críticas, entre ellas la falta de capacitación docente adecuada en el uso de tecnologías y problemas de sostenibilidad a largo plazo debido al desgaste de los dispositivos y los altos costos de mantenimiento. A pesar de estos desafíos, Ceibal sigue siendo un ejemplo exitoso de cómo las políticas públicas pueden promover la equidad tecnológica y educativa en países en desarrollo. 

Programa Enlaces (Chile) 

El Programa Enlaces en Chile, lanzado en 1992, tiene como objetivo integrar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el sistema educativo. Inicialmente centrado en proporcionar infraestructura tecnológica a las escuelas públicas, con el tiempo ha evolucionado para enfocarse en mejorar la calidad de la educación mediante el uso pedagógico de las TIC. Hasta la fecha, Enlaces ha equipado a más del 90% de las escuelas públicas con computadores y conexión a internet, contribuyendo significativamente a la alfabetización digital de estudiantes en todo el país. 

Sin embargo, al igual que otros programas similares, ha enfrentado críticas. Uno de los principales desafíos es que, si bien la infraestructura ha mejorado, la capacitación docente en el uso de tecnologías ha sido desigual, lo que ha limitado su impacto en algunas zonas. Además, en algunas regiones rurales aún existen dificultades en la conectividad, lo que impide a ciertos estudiantes aprovechar plenamente los beneficios del programa. 

Redes comunitarias en América Latina: desafíos y oportunidades

En distintos países de América Latina, las redes comunitarias han surgido como una alternativa efectiva para garantizar el acceso a internet en zonas rurales y comunidades históricamente desconectadas. Estas iniciativas, gestionadas por la propia comunidad, de las que ya hemos hablado a lo largo del documento, permiten reducir costos de infraestructura y generar modelos de conectividad sostenibles. Por eso consideramos pertinente mencionar algunas de ellas, como Altermundi en Argentina, Coolab en Brasil, Juntas de Internet/Comunidades de Conectividad en Colombia y Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C. en México. Cada una de ellas, de formas diversas y con alcances distintos, han permitido a comunidades indígenas y rurales desarrollar sus propias redes de acceso a internet, adaptadas a sus necesidades. 

Aunque vale la pena destacar que las redes comunitarias enfrentan importantes retos que amenazan su sostenibilidad, debido a marcos regulatorios restrictivos, falta de reconocimiento estatal, ausencia de financiamiento para el mantenimiento de la infraestructura, entre otros. Además, la competencia desigual con los grandes proveedores de telecomunicaciones no es un hecho menor, pues en algunos casos el monopolio del acceso a espectro radioeléctrico limita las posibilidades de expansión de estas redes autónomas. En este sentido, garantizar condiciones regulatorias favorables y mecanismos de apoyo financiero resulta clave para consolidar las redes comunitarias como una solución viable dentro del ecosistema digital de la región.

Como se mencionó al inicio, a escala regional se han hecho esfuerzos loables para reducir la desigualdad de acceso a conectividad e internet de calidad. Sin embargo, los datos recolectados evidencian que existen desafíos compartidos aún por resolver. Uno de ellos, que es transversal a varios de los casos presentados es la mejora alrededor del tipo de conectividad a las redes de internet que se dan en el territorio, ya que los esfuerzos se han enfocado en ampliar el acceso móvil pero la conectividad fija se hace necesaria para garantizar un uso amplio y suficiente de las diferentes tecnologías emergentes. En definitiva, la brecha digital sigue siendo un problema crítico, exacerbada por el tipo de tecnología disponible, la apropiación de la misma, los altos costos de acceso, la falta de capacitación y la desigual distribución de infraestructura y la calidad del servicio. 

“…otro de los problemas que enfrenta México en términos de las políticas de inclusión es que mucho se habla de garantizar el acceso a la tecnología, pero la tecnología por la tecnología, no necesariamente significa que la sepan utilizar, ¿no? Es muy interesante que desde las políticas en México, el hecho de que ya por tener tecnología ya va a garantizar como cierto desarrollo económico y social, bueno, ahí hay que poner como el asterisco, ¿no?. Porque la brecha digital no es solo una brecha de conexión o una brecha de acceso, las brechas son multidimensionales y enfocan el uso y, por supuesto, otros factores que se relacionan o que están presentes tanto en el acceso como en el uso” (Daniel Velázquez, UNAM). 

Asimismo, en la región es evidente que hay una discusión por solucionar que tiene que ver con los grandes monopolios de las telecomunicaciones, que son hoy quienes definen (o no) tarifas, tipos de servicio o posibilidades de acceso que terminan recayendo en la ciudadanía y alejando la conectividad de la categoría de derecho habilitante y básico en el siglo XXI, que requiere de enfoques más integrales que atiendan las necesidades específicas de cada territorio y grupo poblacional, así como un enfoque colaborativo, aunque su éxito depende de la formación y sostenibilidad a largo plazo.  

5. Recomendaciones 

Según lo conversado con expertos y expertas para la elaboración de este caso de estudio, y gracias a la revisión bibliográfica realizada, se ha dispuesto un apartado que reúne las principales recomendaciones que permitirían alcanzar las metas de conectividad universal que se requieren en la región, en un contexto en el que la conectividad se constituye como una herramienta base para el ejercicio y acceso a derechos humanos en la sociedad moderna. En este sentido, las recomendaciones responden, de manera muy general, a las desatenciones en las que, hasta el momento, el sector público y el sector privado han caído una y otra vez.

De igual forma, estas recomendaciones son un punto de partida para fortalecer las mesas de diálogo de los foros que hemos mencionado al inicio del documento (eLAC), LACNOG, LACIGF), e incluso para impulsar conversaciones situadas desde el territorio en otros espacios de conversación, laboratorios de pensamiento e iniciativas para la construcción colectiva. 

Conectividad como política de estado 

En la mayoría de casos, salvo los grandes programas de despliegue de infraestructura que ya vimos en Argentina, Brasil, Perú y México, los programas de conectividad pierden continuidad con los cambios de gobierno. Por eso, se sugiere que todos los planes asociados al despliegue de infraestructura y desarrollo de capacidades digitales en la región se constituyan en el marco de grandes políticas de estado que permitan superar las transiciones entre gobiernos, reestructuraciones presupuestarias e intereses de los sectores políticos. Una política que garantice la sostenibilidad de estos esfuerzos en el tiempo a nivel financiero, social y ambiental. El interés, rescatando de nuevo la conectividad como un derecho habilitante, está en que no haya retrocesos, ni desuso de tecnología, ni pérdida de derechos adquiridos en ningún territorio de la región. 

Conectividad como eje transversal dentro de todas las formas de gestión pública 

La conectividad históricamente ha estado a cargo de un organismo base, como el Ministerio de Economía en Argentina, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en México, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en Colombia, Ministerio de Transportes y Comunicaciones en Perú, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en Chile, Ministerio de Economía en El Salvador o el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) en Costa Rica, por mencionar algunos.  Si bien se reconoce la necesidad de una entidad cabeza para el desarrollo y planeación estratégica de las tecnologías y telecomunicaciones en la región, también se hace indispensable pensar este sector como un área específica dentro de cada uno de los ministerios, secretarías y gobiernos que componen el sector público y las manifestaciones del estado en cada uno de los países. Si bien esto puede implicar un cambio significativo (o no) dentro de la estructura de algunas entidades de gobierno, es importante considerar que el acceso a una conectividad universal y a espacios de desarrollo de capacidades digitales, debe ser una tarea que acompaña todas las demás estrategias de planificación pública, pues es la puerta que abre el acceso y aprovechamiento a muchos servicios. 

Reconociendo que esta propuesta puede -de manera parcial- descentrar el objetivo específico de algunas instituciones o entidades, más aún en aquellas que son pequeñas, es importante destacar que la inevitable digitalización de los procesos burocráticos internos y externos dentro de grandes y pequeñas entidades de gobierno requiere un acompañamiento continuo y constante, así como espacios de capacitación periódicos para los diferentes actores que confluyen en la gestión pública.

La política pública de conectividad en búsqueda de alianzas para un mercado más justo y competitivo 

Retomando el planteamiento de que una de las principales barreras a escala regional es la incidencia y participación de monopolios, empresas o marcas subsidiarias en la toma de decisiones de conectividad y despliegue de infraestructura, se hace necesaria una participación más activa del Estado más allá de su como ente regulador. Para ello, se sugiere definir una postura o estructurar un paradigma en el que la conectividad se aleja de las lógicas de mercado y se acerca más a las lógicas de política pública y derechos humanos. Esto, reconociendo de nuevo que el acceso a internet y la conectividad segura y de calidad son herramientas que permiten acceder al derecho a la educación, la salud, la comunicación, el trabajo, entre otros. Algunas de las alternativas que se han usado en la región y han funcionado para asignar obligaciones al sector privado para garantizar el despliegue de infraestructura pueden ser las obligaciones de hacer en Colombia, las concesiones “paraguas” en México o el modelo de pequeños distribuidores en Argentina. 

Asimismo, algunas de las fuentes consultadas por Fundación Karisma han hecho hincapié en la necesidad de que actores relevantes de la región, como la Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (LACNIC), permita que otros operadores puedan acceder a conexiones IP para tener mejor entendimiento y distribución del servicio dentro de los países, o que incluso desde los gobiernos se promueva cada vez más el uso de redes compartidas y el incentivo a proyectos para diversificar el acceso de los proveedores, por medio de la ampliación de las rutas de conectividad, donde se estipulen regulaciones públicas estrictos y especializados. Algunas de las fuentes han hablado de alcanzar un equilibrio tal que permita un “libre mercado controlado y regulado para la prestación de servicios de conectividad e internet de calidad”. 

En este sentido, se hace imprescindible pensar que alcanzar la conectividad universal sólo será posible si se movilizan alternativas para desarrollar alianzas de colaboración entre actores, reduciendo el interés primario del sector privado: la rentabilidad, aunque esto parezca una tarea maratónica. 

Diagnóstico amplio sobre las condiciones materiales y sociales del ecosistema digital

Determinar los medios y mecanismos para el despliegue de conectividad y apropiación de las tecnologías en la región es una tarea amplia que requiere de la colaboración de múltiples actores y de la toma de decisiones en distintos niveles. Para coordinar esta colaboración y determinar la hoja de ruta que guiará la implementación de planes, políticas, programas o proyectos de conectividad y acceso a internet se hace necesario conocer la diversidad de grupos poblacionales y sus necesidades específicas, con el objetivo de determinar acciones y estrategias que reconozcan desigualdades estructurales de género, edad, raza, clase, etc. Asimismo, se hace necesario un proceso riguroso de evaluación de estas estrategias para conocer contextualmente procesos efectivos y corregir las acciones que no generan impactos reales. 

Según las fuentes consultadas por Fundación Karisma para la realización de este estudio, un diagnóstico real permitiría conocer alternativas tecnológicas que permitan llenar los vacíos que las tecnologías actuales han dejado. Algunos de ellos son las alternativas de órbita baja (LEO, por sus siglas en inglés: Low Earth Orbit), que pese a no ser una tecnología emergente o “nueva”, es una solución innovadora que permite ofrecer acceso a internet de alta velocidad, especialmente en áreas remotas o rurales donde la infraestructura terrestre no es viable, gracias al uso de constelaciones de satélites en órbitas bajas alrededor de la Tierra. 

Estrategias de desarrollo de habilidades 

Ligado al diagnóstico y conocimiento profundo de las necesidades de las comunidades, se hace necesario pensar procesos de desarrollo de habilidades digitales enfocadas en el fortalecimiento de éstas en sus diferentes niveles: técnico, cognitivo y comunicativo. La primera se refiere a todos los espacios o alternativas de capacitación que permitan a las personas conocer cómo es que funcionan los dispositivos y las códigos y proceso básicos, la segunda se refiere a la capacidad de hacer uso de las tecnologías para resolver cosas cotidianas, y la tercera, la que se refiere al uso de estas herramientas para comunicarse y desarrollar otras habilidades o conocimientos. Poner el foco de la política pública de conectividad y acceso a internet en el desarrollo de estas habilidades garantizará procesos efectivos de apropiación, siempre que haya un acceso equitativo y seguro a ellos. 

Reconocer el derecho a la desconexión como alternativa de decisión 

Ahora, ligado al desarrollo total o parcial de habilidades y capacidades para el uso de internet, se hace necesario reconocer que bajo el conocimiento de las posibilidades que la tecnología trae hoy en día, haya alternativas para ejercer elderecho a la desconexión¹⁹ de manera total o parcial, siempre que se haya garantizado igual el acceso a este servicio-derecho.

Diversos estudios han señalado que la hiperconectividad sostenida afecta no solo la productividad y el bienestar individual, sino también el tejido social en su conjunto. En este sentido, la Unión Europea ha promovido marcos regulatorios que buscan garantizar el derecho a la desconexión, permitiendo que trabajadores y ciudadanos puedan establecer límites al uso de herramientas digitales fuera de sus horarios laborales o tiempos personales (Eurofound, 2022). Esta perspectiva invita a pensar la desconexión no solo como una cuestión laboral, sino también como una dimensión del acceso a derechos digitales más amplios, vinculados con la autonomía, la privacidad y la autodeterminación tecnológica. 

En el contexto particular de América Latina y El Caribe, el derecho a la desconexión trasciende el límite de uso y adquiere una dimensión particular, ya que algunas comunidades y colectivos voluntariamente desean no conectarse a las redes de transferencia para el servicio de internet. Una decisión sustentada en múltiples factores. Por ejemplo, según la Fundación Heinrich Böll en México, una comunidad nahua de más de 700 en la región Sierra-Costa de Michoacán, por años ha manifestado su resistencia a la adopción de nuevas tecnologías y soluciones emergentes, debido a un interés por preservar sus tradiciones y cultura. 

En este sentido, se hace imperativo que el derecho a la desconexión abarque los niveles y sectores que son de interés de las comunidades, reconociendo su autonomía y capacidad de agencia. De lo contrario, la expansión de la digitalización sin un enfoque intercultural podría convertirse en una herramienta de control, atentando contra los intereses de comunidades indígenas o rurales que desean mantener su desconexión (Pérez-Bautista & Ramírez-Córdova, 2017). 

Sobre la participación en espacios de gobernanza y la representatividad de las comunidades 

Conclusión 

Este caso de estudio permite de manera general comprender que alcanzar la conectividad universal en la región no solo es un objetivo técnico, sino un imperativo ético y social. La conectividad se configura como una herramienta fundamental para el ejercicio de derechos humanos en la actualidad, y por ello, es crucial que los esfuerzos hacia su consecución estén arraigados en políticas de Estado y programas que trasciendan las barreras aquí explicitadas y sean sostenibles a lo largo del tiempo. 

Rescatando que alcanzar una conectividad segura, equitativa y de calidad requiere de esfuerzos de todos los actores involucrados así como acciones colectivas, la invitación es a transformar el paradigma del acceso a la conectividad como un lujo o una herramienta de entretenimiento hacia una apuesta por la conectividad como derecho habilitante básico y universal. 

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1. Evento global de salud pública causado por el virus SARS-CoV-2, que se originó en Wuhan, China, a finales de 2019. Se caracterizó por una rápida propagación, restricciones de movilidad, y un impacto significativo en la economía y la sociedad a nivel mundial. Para más información, consultar la página de la Organización Mundial de la Salud: 
   https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
   ↩︎
2. Distribuidas de la siguiente forma: 6 en Colombia, 5 en México y 5 en Argentina. 
   Colombia y Argentina. Todos los expertos/as consultados han estado vinculados con
   ↩︎
3. Por petición de quienes han compartido su conocimiento y experiencia para efectos de este caso de estudio. ↩︎
4. Basada en información tomada de la COFETEL (México), del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Colombia) y el ENACOM (Argentina). ↩︎
5. Probablemente por la no tenencia de suelo marino que facilite el acceso a cables submarinos, ya que esto limita en términos de infraestructura el acceso al primer punto de conexión ↩︎
6. Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2018). Measuring the Information Society Report 2018. UIT. 
   https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2018/MISR-2018-Vol-1-E.pdf
   ↩︎
7. Especificados en el apartado de metodología. ↩︎
8. Programa implementado en Colombia que pretende “fortalecer las redes existentes o adelantar la construcción donde no existen, en especial áreas rurales (veredas y corregimientos), para que las organizaciones sociales, étnicas o Juntas de Acción Comunal presten el servicio de Internet comunitario fijo a sus asociados con lazos de vecindad por medio de una tarifa social equitativa fijada por las mismas” (MinTic). ↩︎
9. De manera interna para cada país y grupo poblacional se presentan otros grupos segmentados o desagregados por género, raza, clase, ubicación geográfica, entre otras categorías. 
   ↩︎
10.  Información tomada de: 
    https://www.eltiempo.com/infografias/2020/06/ConectividadMunicipios_V2/mobile/. ↩︎
11. Referente a la empresa o entidad responsable de la entrega final de productos o servicios al consumidor, después de que estos hayan sido transportados a través de los canales mayoristas o de distribución. Este proveedor desempeña un papel crucial en el proceso logístico, asegurando que los productos lleguen de manera eficiente y puntual a los clientes, a menudo a nivel local o regional. Tomado de: Gartner. (2021). Last mile delivery. https://www.gartner.com/en/insights/last-mile-delivery
    ↩︎
12. Referente al modelo de “piratería” en el que personas se cuelgan a una red privada para distribuirla luego en una comunidad o para uso propio. ↩︎
13. UNESCO. (2011). Marcos de competencias para el aprendizaje a lo largo de toda la vida: El aprendizaje a lo largo de toda la vida y las competencias para el siglo XXI. UNESCO. [https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216552 ↩︎
14. GSMA. (2016). Digital inclusion and mobile broadband in Latin America: Accelerating the digital future. GSMA. Recuperado de https://www.gsma.com ↩︎
15. Tomado de: 
    https://telefonica.com.pe/wp-content/uploads/sites/5/2023/02/Infografia-3er-aniversario-IPT.pdf
    ↩︎
16. Al momento de la redacción de este documento no se encontraron datos oficiales sobre el impacto del proyecto a nivel regional. ↩︎
17. Tomado de: Oliva, L. (2021). O impacto do PNBL no Brasil. Jornal da Ciência. Disponible en: https://www.jornaldaciencia.org.br ↩︎
18. Según el documento del informe de gestión del plan del 2023, disponible en: https://ceibal.edu.uy/wp-content/uploads/2023/12/Memoria-Ceibal_2023.pdf ↩︎
19.  Entendido como la facultad de los individuos y comunidades para desconectarse de las redes digitales e internet, garantizando un equilibrio entre la vida digital y la vida personal, así como la posibilidad de preservar la privacidad y el bienestar. Tomado de: Moreno, A., & Ramos, F. (2020). El derecho a la desconexión en la era digital: Implicaciones y desafíos. Revista de Comunicación, 19(2), 45-58. ↩︎